ARTÍCULO: La Masacre del Reten de Catia

El Reten de Catia, fue un recinto carcelario ubicado en la zona del mismo nombre en la Ciudad de Caracas, Venezuela. Para las nuevas generaciones, es probable que jamás hayan escuchado que al detrás del Parque Ali Primera en Gato Negro (Parque del Oeste), existía una Carcel, en el mismo lugar donde hoy está la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), parte de el terreno donde estaba el Retén fue anexado al Parque del Oeste. 

Su capacidad era para albergar unos 750 presos distribuida en Tres Torres, pero el trascurrir los años fue sobrepoblada causando problemas graves de hacinamiento; se calculó que llegó a superar los tres mil presos. Este retén fue construido bajo el Gobierno de Raúl Leoni en 1966 como un recinto PROVISIONAL para delitos comunes. Con el tiempo la delincuencia fue incrementándose en Venezuela, llegando para el año del suceso (1992) a 16 homicidios por cada cien mil habitantes.

Las torres se dividían en dos: Torre Norte, con una población de 926 reclusos, y Torre Sur, con una población de 2323 reclusos. En el penal había una población general de 3618 reclusos, en un penal con una capacidad inicial de 600 personas. En el segundo piso de la Torre Sur se hallaba la mayor cantidad de personas hacinadas: 487 reclusos. Estas cifras exactas las sabemos actualmente, pero en el pasado, «las autoridades no tenían datos consolidados o confiables sobre el número o situación judicial de las personas recluidas». De lo que sí eran conscientes las autoridades competentes es que «el trafico de drogas, armas y licores, la violencia y los maltratos eran usuales». Consideraban al retén «como uno de los peores penales del país».

Las celdas no cumplían en absoluto con las características mínimas de habitabilidad, espacio y ventilación. Fueron unos miserables e inaceptables 30 centímetros cuadrados de espacio personal para cada recluso que «constituye en sí mismo un trato cruel, inhumano y degradantes, contrario a la dignidad inherente al ser humano». No se puede argumentar justificación, pues, basándonos en el artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que sean tan pobres que no respeten la dignidad inherente del ser humano.

Los dormitorios de gran capacidad implicaban una falta de privacidad para los presos en su vida diaria, provocando que otros reclusos intimidaran e incitaran la violencia contra el resto de la población carcelaria. A su vez, estaban en malas condiciones físicas y sanitarias, donde faltaba el agua, la luz y la ventilación necesaria. En la demanda del caso se encuentra descrito el horrible interior del retén.

Conseguimos unas barracas horrendas que estaban en la parte de abajo. Había hombres que vivían allí entre agua putrefacta que caía de los otros pisos. Los desperdicios entre el agua podrida cubrían la mitad de la pierna. Había un cuarto que estaba soldado y tenía en la esquina inferior derecha un boquete. Por ahí les echaban comida, si eso se podía llamar así. La agarraban mezclada con la inmundicia. Tocamos la puerta y escuchamos unas voces. Ellos mismos no sabían cuántos eran. Comenzamos a desmontar la puerta. Cuando le quitaron la soldadura todavía la puerta no se podía abrir porque la capa de excrementos era más fuerte que la propia soldadura. Salieron unos monstruos de allí. Presos de máxima seguridad, olvidados. 

Muchos presos se vieron en la obligación de excretar en presencia de sus compañeros, vivir entre sus excrementos y alimentarse en esas circunstancias. Tampoco había la atención médica adecuada, pues no se había los materiales mínimos para un tratamiento digno, lo que lo hacía un ambiente propicio para la proliferación de enfermedades en un establecimiento «que al momento de los hechos contaba con un estimado de 3800 a 4400 detenidos, es decir que el porcentaje de hacinamiento al 26 de noviembre de 1992 era de más de 360%». La sistemática y generalizada violación de los derechos humanos dentro del penal era ampliamente conocida por las autoridades del Estado, pero no tomaron ninguna medida para evitar una tragedia.

La madrugada del 27 de noviembre de 1992, se ejecutaron a mas de 100 reclusos del Reten de Catia, en Caracas. Estos hechos habrían ocurrido después de un segundo intento de rebelión Militar en Venezuela, el cual habría originado una situación de agitación internamente. Aparentemente los guardias del citado Reten y tropas del Comando Regional 5 de la Guardia Nacional y de la Policía Metropolitana, intervinieron en la revuelta con un uso excesivo de la fuerza, efectuando disparos sin medida a la mayoría de los reclusos. Versiones de algunos sobrevivientes cuentan que los guardias decidieron abrir las rejas de las celdas, diciendo a los presos que quedaban en libertad, esto con el fin de disparar contra ellos. Aunado a esto se mencionó que los reclusos vivían hacinados y en condiciones inhumanas.

Otra de las versiones que se manejan, según la Jefatura del Retén es que “los reclusos estaban rompiendo los candados para darse a la fuga, motivo por el cual, los guardias dispararon contra ellos”

“Las balas entraban a las celdas, pegaban de las paredes, rebotaban y les pegaban a los mismos que disparaban…” comenta un testigo. “en eso yo salí por el pasillo, a ver como estaba la broma, pero sentí miedo porque no quería que me mataran, entonces entre para la celda y vi cuando un policía, en la pasarela para ir a la garita, cayó y dejó el armamento ahí. Yo salí hacia el patio y habían 6 muertos en el patio, entonces vi hacia arriba a donde están los pabellones y pal otro lado, donde esta prefectura y ahí los vigilantes agarraban a los presos, los montaban a la azotea y le entraban a golpes y los zumbaban pa´bajo, hacia el Rio Guaire” comenta un sobreviviente.

Lucia, hermana de un preso muerto, relata: “Uno de los guardias internos, decía que se escaparan, porque había caído el Gobierno, entonces ellos, en esta confusión, veían las rejas abiertas, cosa anormal, sin vigilancia y sin nada, y empieza otra vez el tiroteo e intentan escaparse. Se conoció de que habían matado a un policía y que le habían quitado el arma, eso fue el día 27, pero ya sea una ametralladora, una escopeta o una pistola de alta potencia, no iban a tener tres o cuatro días de zozobra en el penal”

Para la mayoría de los venezolanos, lo que ocurrió en el penal es cosa del pasado, los muertos están muertos, y solo para aquellos que perdieron un ser querido, todavía la herida no sana.

Tal fue el descontento que el papa Juan Pablo II en su visita a Caracas en 1996 solicitó a las autoridades en un discurso frente al «Monstruo del Oeste» (así se llamaban al centro penitenciario) condiciones dignas de vida para los detenidos. 

En enero de 1997, los últimos 639 reclusos fueron trasladados y el penal quedó finalmente desalojado y listo para proceder a su demolición pautada inicialmente para febrero. Pero como es de costumbre, se atrasó hasta el 16 de marzo, cuando a las 12:55pm, frente a los vecinos de Caracas del Este y Oeste de la ciudad, el presidente Rafael Caldera presiono el botón de demolición que hizo estallar exitosamente el mismísimo infierno en la tierra.